Por Ana Lluvia García
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de junio de 2026.- La posible incorporación de Gustavo Gaytán como asesor gubernamental no puede analizarse como un simple nombramiento administrativo. Se trata de una definición política y ética que pone a prueba la congruencia de cualquier proyecto que afirme combatir la corrupción, defender los bienes públicos y colocar el interés colectivo por encima de intereses privados.
Durante su gestión al frente del SOAPAP quedaron documentadas observaciones administrativas por aproximadamente 165 millones de pesos, recursos pendientes de acreditar por más de 309 millones de pesos y compromisos de inversión sin ejercer por alrededor de 137 millones de pesos, de acuerdo con información presentada por el propio organismo durante este año. Estos montos no son diferencias menores ni errores de contabilidad: representan recursos públicos cuya aplicación debe ser plenamente aclarada ante la sociedad.
Por ello, la exigencia ciudadana debe ser clara: si dichas observaciones no son solventadas conforme a derecho, el SOAPAP y las autoridades competentes tienen la obligación de iniciar las investigaciones correspondientes y, en su caso, integrar las carpetas de investigación necesarias para deslindar responsabilidades. La rendición de cuentas no puede depender de afinidades políticas ni de acuerdos de grupo. Si existen observaciones, deben aclararse; y si existen responsabilidades, deben sancionarse.
Sin embargo, el problema de fondo va más allá de las cifras observadas. Gustavo Gaytán no es un actor ajeno al proceso que convirtió el agua en un negocio privado. Desde su posición institucional desempeñó un papel central en la defensa y justificación del modelo de concesión que ha provocado años de inconformidad social en Puebla.
Mientras miles de familias enfrentaban tarifas crecientes, cortes de servicio, deficiencias en el abastecimiento y cuestionamientos sobre las inversiones comprometidas por la concesionaria, la función del SOAPAP debía ser actuar como organismo regulador, protector del interés público y vigilante del cumplimiento contractual. Lo que observó la ciudadanía fue algo distinto: una institución que durante años pareció más preocupada por justificar a la empresa que por exigirle resultados.
La concesión del agua fue presentada como una solución para modernizar la infraestructura y mejorar el servicio. Más de una década después, continúan las denuncias por incumplimientos de inversión, problemas de abastecimiento, cuestionamientos sobre el saneamiento y reclamos ciudadanos por cobros considerados excesivos. Frente a este escenario, resulta imposible separar la responsabilidad de la empresa de la responsabilidad de quienes tenían el deber de supervisarla.
La crítica no es únicamente hacia la privatización; es hacia quienes permitieron que un contrato concesionado operara sin una vigilancia efectiva. Porque cuando una empresa incumple y la autoridad encargada de fiscalizarla no actúa con firmeza, se genera una relación de complicidad institucional que termina perjudicando a la población.
Por ello, la discusión sobre Gustavo Gaytán no puede reducirse a si existe o no una sentencia judicial en su contra. La pregunta es mucho más profunda: ¿puede asesorar a un gobierno que se dice comprometido con la transformación alguien que fue parte de la estructura que defendió, justificó y administró uno de los procesos de privatización más cuestionados en la historia reciente de Puebla?
La transformación exige algo más que legalidad mínima. Exige autoridad moral. Exige congruencia. Exige que quienes ocupen espacios de influencia pública representen los valores de transparencia, honestidad y defensa del interés colectivo.
El agua no es una mercancía. Es un derecho humano. Y quienes contribuyeron a consolidar un modelo que subordinó ese derecho a intereses privados difícilmente pueden presentarse hoy como referentes para construir una política pública orientada al bienestar común.
La ciudadanía merece respuestas sobre los recursos observados, sobre las inversiones no acreditadas y sobre los compromisos incumplidos. Merece también que se investigue cualquier posible responsabilidad administrativa o penal que pudiera derivarse de estos hechos.
La confianza pública no se recupera reciclando a los mismos operadores de siempre. Se recupera demostrando que nadie está por encima del escrutinio ciudadano y que los principios no se negocian.
Unidad sí. Apertura sí. Incorporación de perfiles diversos también. Pero jamás a costa de la transparencia, la ética pública y la defensa del patrimonio colectivo.