Abstención no es apatía
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de agosto de 2021.- Es comprensible la frustración que ha expresado una parte de los participantes en la consulta por la alta abstención que privó el 1 de agosto, sobre todo porque esperaban que la afluencia de votantes sería muy grande, dado que en tan sólo unos días un grupo promotor había logrado la firma de 2 millones 700 mexicanos con credenciales de elector que entregaron al IFE para así garantizar que la consulta se realizara. ¿Cómo suponer que por cada firma no acudirían a las urnas ni siquiera 3 personas?
Quienes de buena fe pensaron que éste sería el camino para procesar y sancionar a los últimos expresidentes vivos de México por sus actos delictivos hoy saben que eso no ocurrirá y hemos visto y escuchado a personas que atribuyen esto a la falta de participación ciudadana e interpretan que los mexicanos que no acudieron a las urnas, pudiendo haberlo hecho, son apáticos, indiferentes o están otorgando el perdón a los exmandatarios cuyas políticas y acciones han atentado contra la soberanía nacional, contra el bienestar del pueblo, su seguridad e incluso contra la vida de cientos de miles de víctimas mortales.
Los que sostienen semejante interpretación, parecen desconocer que muchos de quienes decidieron no acudir a votar siguen formado parte de combativos grupos que realizan actos y manifestaciones para exigir “esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables” de distintos actos delictivos, pero consideraron que para continuar luchando por la justicia no necesariamente se tenía que participar en la consulta y que ésta, en los términos en los que fue planteada, era un paso en la dirección incorrecta.
Para entender el tamaño de la abstención que imperó en la el ejercicio se requiere un balance crítico en el que, además de los señalamientos al papel del INE y otros odiadores de derecha, se reconozcan los tremendos errores de los impulsores de la consulta.
Las inconsistencias del Ejecutivo.
Desde que el presidente López Obrador tomó posesión no volvió a plantear su intención de someter a consulta popular lo que había anunciado en una entrevista que le dio a Carmen Aristegui el 21 de agosto de 2018: “¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México debe promover que se juzguen, para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿ SI o NO?”
Dado que ley no establece que el propio presidente es quien en lo personal debe fungir como la parte acusadora o promovente de los juicios, esta pregunta sí tiene sentido y si hubiera sido mantenida y dado a conocer en los medios con los que cuentan
los promotores de la consulta sin duda habría concitado un gran entusiasmo en la sociedad.
Pero en la segunda formulación que hizo de la pregunta, ya como presidente en funciones, eliminó el aspecto clave (que él sería quien asumiera la promoción de los juicios) y así generó que personas y grupos con posiciones políticas muy diversas, coincidieran en caracterizar a la consulta como innecesaria.1
Además contuvo y casi anuló las expectativas de que ese ejercicio pudiera conducir a la aplicación de las sanciones que correspondieran a los delitos de los exmandatarios.
Finalmente, cuando aceptó la reformulación que hizo de la pregunta la Suprema Corte de Justicia aumentó y profundizó la percepción o convicción de muchas personas de que ese ejercicio no sería una vía para lograr que se sancionara a los expresidentes. Y esta convicción estuvo reforzada por el propio presidente, quien había declarado que no votaría y en caso de hacerlo lo haría por el “NO”.
Señalamientos desde la izquierda para evitar resultados indeseados
Hubo voces que desde posiciones de izquierda plantearon que la realización de la consulta, en los términos que se estaba impulsando, no sólo sería innecesaria sino también contraproducente para hacer realidad el anhelo de justicia que perdura en la sociedad.
Se hizo llegar al presidente López Obrador un llamado a retirar esa iniciativa, así como un listado de los preceptos legales que demuestran que para enjuiciar a los expresidentes, es superflua. Se argumentó que, de instrumentarse, sus efectos serían muy adversos aún en el remoto caso de que la participación alcanzara el 40% del padrón electoral.
Entre otros daños previsibles se destacó que: “Una consulta popular o ciudadana para decidir si se enjuicia a los expresidentes induciría a que muchas personas supusieran que los expresidentes cuentan con fuero constitucional; y por lo tanto atribuyeran la holganza de la Fiscalía y del Poder Judicial a una restricción o imposibilidad legal para realizar las diligencias o actuaciones, cuando en realidad se ha debido a la indolencia, ineptitud y corrupción de los encargados de garantizar la investigación y el castigo de los culpables de los delitos. De realizarse la consulta, se estaría poniendo en duda esta verdad que hoy está generalizada”.
“Es innecesario correr el riesgo de que quienes han venido impulsando la idea de que México es un país que debe ser intervenido, aprovechen la situación para argumentar que la debilidad institucional de nuestro país no permite hacer los cambios que se requieren para gobernar, dado que carece de los instrumentos jurídicos y de funcionarios capaces de desempeñarse con eficiencia y eficacia y sin corrupción” Con esto se hacía referencia a los supuestos argumentos que pretenden justificar la llamada justicia transicional.
Estas advertencias fueron desoídas y ahora vemos actores políticos trabajando para que el pueblo, que sigue sufriendo las consecuencias de los actos delictivos de los expresidentes y otros funcionarios, renuncie a que se les procese judicialmente y se conforme con comisiones de la verdad,
La propaganda del por qué y el para qué participar
Extensas recapitulaciones se difundieron sobre hechos comprobados que denuestan las conductas delictivas con las que los mandatarios han agraviado a los mexicanos. Se trata de verdades que se conocen en la sociedad, sobre las cuales ya existen juicios morales y políticos.
Estas recapitulaciones, sin duda son valiosas y bien fundadas, pues tienen como base los testimonios públicos de las víctimas, materiales periodísticos, videos, fotografías, denuncias y actos conmemorativos que los ofendidos y contingentes solidarios realizan para preservar la memoria histórica sobre los hechos delictivos que han quedado en la impunidad, además de los estudios académicos que se tienen publicados.
Durante décadas se han documentado toda clase de agresiones asociadas al cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y muchos otros delitos relativos a la destrucción del patrimonio nacional, al endeudamiento mafioso del país, al empobrecimiento de la población, a la inseguridad pública y sus víctimas mortales, a la desaparición de decenas de miles de personas, al desplazamiento obligado de poblados enteros.
Pero las organizaciones promotoras carecieron de elementos para hacer suponer que la garantía para derrotar la impunidad prevaleciente era que el 40 por ciento del padrón electoral acudiera a las urnas y que la mayoría votar por el “SI”. No existía sustento para argumentar, como se hizo, que no importa lo que se pregunte en las boletas, sino la respuesta que se dé en ellas.
Hacer creer que alguien indeterminado estaría obligado a enjuiciar a los expresidentes, porque una parte de los promotores de la consulta dijera que ese es el deseo de los votantes que contestaron afirmativamente a una pregunta cualquiera, es un esfuerzo poco convincente, por lo que es injusto atribuirle apatía, desinterés, indiferencia a quienes no se sintieron motivados a participar en una contienda con estas características.
*Integrante del Comité 68
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¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.