La Guardia Nacional en contexto
Foto: Luis Carbayo / Cuartoscuro
Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de septiembre de 2019.- Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, declaró que “hay corrupción en todos los cuerpos policiacos”, lo que por supuesto es grave, pero no irresoluble. Sin embargo, para el momento que vive México es un asunto que requiere de medidas de fondo y que nuestros políticos se sacudan prejuicios y abandonen actitudes timoratas.
Durazo es el jefe de la flamante Guardia Nacional, en la que el actual gobierno ha depositado la solución de todos los males, pero lo cierto es que no la tiene fácil. Para Federico Reyes Heroles, quien encabeza la organización Impunidad Cero, la citada Guardia no tiene capacidad para afrontar exitosamente a la delincuencia, entre otras razones, “porque no hay un piso parejo para atender la criminalidad”.
En efecto, los cuerpos policiacos están penetrados por las mafias, lo que en buena medida explica su desastrosa actuación. Sin embargo, como decían los abuelos, con esos bueyes hay que arar, y se tendrá que disponer del concurso de las corporaciones que, corruptas o no, deberán participar en el combate a la delincuencia, pues no existe en el mundo una policía integrada por ángeles y querubines.
Más bien, lo que antoja urgente es una nueva relación de gobierno y sociedad con nuestros policías, porque no todos son corruptos y muchos están deseosos de combatir a la delincuencia, pero su preparación física y técnica dista de ser la más adecuada, las estructuras jerárquicas son con frecuencia inductoras de comportamientos indebidos, el armamento es pobre y su empleo está absurdamente condicionado y, para colmo, las condiciones laborales y sociales no propician la honestidad, la eficiencia ni la superación de quienes deben ser los guardianes del orden.
Se habla con frecuencia de reestructuración de uno u otro cuerpo, se les cambia de nombre, se crean nuevos agrupamientos, pero la delincuencia, lejos de disminuir, crece en forma incontenible. Entre las causas de ese avance de la criminalidad debe estar la corrupción y el pésimo funcionamiento de la procuración de justicia. Impunidad Cero señala, generosamente, que la mera denuncia de un ilícito tarda en promedio dos horas con 21 minutos, aunque en realidad cualquier persona que haya recurrido al Ministerio Público sabe que en el trámite se pueden perder días enteros, pues la forma de recabar los datos es semejante a la empleada en el siglo XIX, con mecanógrafos semianalfabetos y computadoras del año de mamá canica o meras máquinas de escribir mecánicas.
Una vez hecha la denuncia, se supone que debe empezar la indagatoria. Sería bueno que se informara con qué preparación cuentan los fiscales y en general los investigadores. El resultado seguramente es descorazonador, pues las “técnicas” al uso no van mucho más allá del pocito y el tehuacán con chile piquín, métodos infalibles para fabricar culpables, pero no para resolver casos.
Otro factor que desanima el recto cumplimiento del deber es la podredumbre e irresponsabilidad del sistema judicial en todos sus niveles. El ahora reabierto caso de la guardería ABC de Hermosillo nos recordó que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte —sí, la mayoría— votaron contra el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que establecía la negligencia de “altos servidores públicos” de los tres niveles de gobierno y los hacía responsables del homicidio múltiple y las lesiones infligidas a los niños.
Cualquiera puede sospechar que en el rechazo a la ponencia del ministro Zaldívar contó la insistencia de un secretario de Gobernación del calderonato y el hecho, ese sí comprobado, de que una dueña de la guardería era prima de Margarita Zavala, la esposa del entonces presidente. Y cuando en la cúspide ocurren tales hechos, cunde el mal ejemplo y la materia excrementicia se derrama en toda la escala de la impartición de justicia.
Para romper con tan pesada herencia, el Gobierno de la República tendrá que adoptar medidas drásticas, como la legalización debidamente reglamentada de las drogas, una amplia amnistía negociada con las mafias para pacificar a los delincuentes y para que inviertan sus inmensos capitales en actividades productivas. Parece muy cuesta arriba, pero en otros momentos y lugares se ha intentado con éxito. De otro modo seguirá la matanza.