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Igual pasaba con la muy extendida corrupción en las altas esferas del propio Poder Ejecutivo Federal: había permiso presidencial para robar: contrabando, devolución ilegal de impuestos, huachicoleo, exenciones fiscales mafiosas, obras públicas para el beneficio millonario de socios, amigos y compadres. Con el poder presidencial de su lado todo era posible y todo quedaba impune.
Hoy todo es distinto. La estructura de la corrupción perdió su añosa base. Ya no tiene de su lado el poder presidencial. Y más aún: lo tiene en contra. Por eso ahora, verbigracia, el INE no puede convalidar los fraudes electorales. Y también, por ejemplo, jueces y magistrados, al menos en los casos importantes, tienen que pensarlo dos veces antes de emitir resoluciones contrarias a la ley y a la justicia.
Para que todo vuelva a ser como antes, como en la época neoliberal, la derecha, el conservadurismo y la corrupción con permiso presidencial necesitarían tener de nuevo al Presidente de la República de su lado.
Pero tal cosa no se ve fácil. Por eso para limitar a López Obrador necesitarían al menos arrebatarle a éste la mayoría en la Cámara de Diputados en la inminente jornada electoral del próximo domingo 6 de junio. Y en ese esfuerzo la derecha se vale de las trácalas del INE y de los torcimientos de jueces y magistrados corruptos.
Sin embargo, arrebatarle al Presidente la mayoría en la Cámara Baja tampoco se ve sencillo. Sólo sería posible con una elección muy competida. Y no se miran en el horizonte ni partidos ni candidatos del conservadurismo capaces de vencer a los abanderados de Morena.
Mientras tanto, en su esfuerzo por obstaculizar al gobierno de López Obrador, tanto el INE como la parte más podrida del Poder Judicial conspiran contra sí mismos, incrementando su ya monstruoso desprestigio y pavimentando el camino de su imperiosa e inminente reforma ya prefigurada por Palacio Nacional.
Reformar al INE con sentido verdaderamente democrático es una de las próximas tareas de la Cuarta Transformación. Y reformar con sentido justiciero al Poder Judicial está igualmente en la agenda del obradorismo.