Universidades, dinero y calidad

Lo dicho por el mandatario implica que conoce bien dónde y quiénes cometen tales robos, pero no lo dijo. En cambio, lo sugirió, pues advirtió que no debe repetirse el caso de la llamada Estafa Maestra, en la que estuvieron involucradas varias universidades, habló de “caciques que manejan las universidades públicas en varios estados” y tildó de “vergüenza que grandes universidades de estados importantes (¿hay estados que no son importantes?) estén manejadas por una persona” que no es el rector, con lo que pareció referirse a la Universidad de Guadalajara y a Raúl Padilla López, por quien no oculta su animadversión.

AMLO agregó que en el sexenio de Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo como secretario de Educación, la obligación del Estado de proporcionar educación gratuita se limitó al nivel básico y se dejó para el mercado “el nivel medio y superior”, de ahí que el espíritu de la nueva Ley de Educación, dijo el Ejecutivo, sea lograr la gratuidad en la educación superior.

Es dudoso que la flamante norma educativa pueda establecer, en los hechos, la gratuidad, pues no lo ha conseguido la Constitución, pese a que el artículo tercero dispone que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Toda, algo que quienes dirigen nuestras universidades prefieren ignorar y hasta manejan la grosera falacia de que, por ser autónomas, no son parte del Estado.

La crisis económica sacudió en 2020 a las universidades y tal vez por eso, en lugar de exigir el estricto cumplimiento de la Constitución y de la nueva ley, el mandatario optó porque “se vayan eliminando las cuotas en instituciones públicas” y procuren “la austeridad republicana”, algo que resulta entre muy difícil e imposible, pues no sólo los rectores tienen altos ingresos, sino también otros funcionarios y, por lo menos en la UNAM, hay profesores e investigadores que, entre sueldo, sobresueldo, bonos, premios y prestaciones, superan el ingreso del propio Presidente de la República, mientras que cuatro de cada cinco mentores percibe sumas irrisorias.

El remedio no puede estar en la apertura de nuevas casas de estudios al modo de las cien universidades Benito Juárez, que al final del sexenio, en el mejor de los casos, atenderán a 300 mil jóvenes, un veinte por ciento menos que la UNAM. Además, sin espacios adecuados, sin el mobiliario indispensable, con profesores improvisados y sin investigadores (lo que impedirá la renovación y actualización del conocimiento), es del todo previsible que sólo se obtendrá la multiplicación de las “universidades patito”, las que brotaron como hongos a partir del sexenio salinista y son verdaderas fábricas de desempleados o de fuerza de trabajo mal pagada.

En México no llega a 20% el número de personas con educación universitaria, lo que, en promedio, significa uno por familia, algo que no estaría nada mal, pues no se requiere que todo adulto tenga licenciatura o algo más, sino que contemos con un proyecto educativo que permita formar los profesionales que el país necesita, tanto los de alto nivel académico como a los técnicos y manuales que demanda la economía.

Tampoco parece aconsejable seguir fomentando el gigantismo de las universidades públicas, pues el que mucho abarca… Las instituciones privadas, como el Tec de Monterrey, la Ibero y otras casas de estudios abren sucursales porque funcionan como negocio, pero los resultados académicos muestran que no es una estrategia recomendable.

Por ahora, la SEP y Hacienda lograron poner a flote a las universidades públicas. Sin embargo, estas instituciones no sólo tienen problemas económicos. Hay un desfase profundo entre lo que hacen y el cómo lo hacen con las necesidades sociales y estatales. Urge abrir el debate sobre la universidad que necesita México.