Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de septiembre de 2025.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este viernes a Estados Unidos pruebas concretas sobre los señalamientos que vinculan a la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, de Morena, con la facción ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa, al afirmar que el Gobierno mexicano «no tiene indicios» de tales nexos. La declaración surge un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense impusiera sanciones a Brown y una red de siete personas y 15 empresas en Baja California, acusadas de facilitar el lavado de dinero y el control territorial del grupo criminal.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que «el Gobierno mexicano no tiene indicios de que la diputada federal haya estado involucrada o esté involucrada con el Cártel de Sinaloa«. La mandataria aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México fue notificada semanas antes de las sanciones, y aunque se realizó un bloqueo administrativo preventivo a las cuentas de Brown, no se cuenta con evidencia suficiente para congelarlas de manera definitiva o abrir una investigación formal en la Fiscalía General de la República (FGR). «Tendrían que presentar ellos las pruebas, aquí se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía, no se presentaron pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas», precisó Sheinbaum, quien reiteró: «Nosotros no vamos a proteger a nadie» si surgen indicios adicionales.
‘La Mayiza’, liderada por Ismael Zambada Sicairos —alias ‘El Mayito Flaco’, hijo del extraditado ‘El Mayo’ Zambada—, es una rama del Cártel de Sinaloa en pugna interna con ‘Los Chapitos’, facción de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Según la OFAC, Brown, exalcaldesa de Playas de Rosarito (2019-2021), habría brindado protección a las operaciones de este grupo durante su gestión municipal, permitiendo el lavado de activos a través de empresas inmobiliarias y hoteleras en Baja California. Las sanciones, anunciadas el jueves como parte de una acción conjunta México-EE.UU., también incluyen a exfuncionarios policiales y empresarios locales, y buscan desmantelar una red que facilita el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia el mercado estadounidense.
La diputada Brown, sorprendida por las acusaciones, negó rotundamente cualquier vínculo en declaraciones a la prensa en el Congreso de la Unión. «No he recibido ninguna notificación al respecto y no tengo mis cuentas bloqueadas; incluso he hecho transferencias cotidianas recientemente», afirmó, al tiempo que describió los señalamientos como una «infamia» destinada a desacreditar su compromiso con Morena. Brown, quien asegura contar con el respaldo de Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se declaró «firme para cualquier situación legal» y lista para defenderse ante cualquier autoridad. En un mensaje en redes sociales, reiteró: «Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento».
Esta controversia se enmarca en el contexto de la intensificada cooperación bilateral contra el narcotráfico, impulsada por la administración de Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos bajo Donald Trump, quien ha endurecido su postura contra el flujo de fentanilo. La UIF mexicana, por su parte, anunció que investigará la información financiera de las siete personas y 15 entidades señaladas, en un esfuerzo por validar o refutar las acusaciones estadounidenses. Analistas observan que el caso pone a prueba la soberanía investigativa de México, especialmente ante la revisión del T-MEC en 2026, donde temas como la seguridad fronteriza podrían complicar las relaciones comerciales.
Sheinbaum, visiblemente cauta, subrayó la disposición mexicana a colaborar: «Si hay más información, actuaremos en consecuencia». Mientras tanto, la oposición en México, liderada por el PAN y el PRI, ha exigido una auditoría inmediata a Brown y cuestionado la infiltración del crimen organizado en Morena. El incidente resalta las tensiones en Baja California, una zona estratégica para el narco por su proximidad a la frontera, donde ‘La Mayiza’ ha expandido su influencia en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Este caso podría marcar un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción política, con México insistiendo en evidencia tangible para evitar percepciones de injerencia externa.