Escalada de la violencia en Coahuayula y zonas aledañas tras la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado

Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2025.- La comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán -junto con localidades vecinas como El Ranchual y La Laguna de Calvillo-, ha sido escenario de una escalada de violencia armada por más de un año y medio. El epicentro de esta crisis humanitaria se remonta a la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado, ocurrida en marzo de 2024. El hecho desencadenó una serie de ataques perpetrados por grupos armados identificados como integrantes de la delincuencia organizada. Por razones de seguridad, y para no vulnerar la integridad de los pobladores, en esta nota se omite el nombre específico de los grupos criminales involucrados, refiriéndonos a ellos como «miembros de la delincuencia organizada». Esta medida busca proteger a las comunidades afectadas, evitando exponerlas a mayores riesgos en un contexto donde la identificación directa podría intensificar la intimidación o represalias. Habitantes, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunicados comunitarios denuncian el uso sistemático de explosivos lanzados desde drones, armas de grueso calibre, bazucas y minas terrestres, que han dejado a la población civil en asedio constante, con bloqueos de accesos, desplazamientos forzados y daños a viviendas.

El profesor Pelayo Zalgado, docente de primaria rural, fue privado de su libertad el 19 de marzo de 2024 en el pueblo de Coalcomán, Michoacán, mientras compraba víveres y atendía asuntos familiares. Desde entonces, su paradero es desconocido, y los habitantes de la comunidad de Coahuayula –donde residía y trabajaba– han interpretado este suceso como el inicio de una campaña de intimidación por parte de grupos criminales que buscan controlar la zona. Familiares y vecinos han exigido investigaciones exhaustivas a las autoridades federales y estatales, pero a la fecha no se han reportado avances significativos. «La desaparición del maestro no fue un hecho aislado, fue el detonante de una violencia que ha transformado nuestra vida cotidiana en un infierno», expresó un habitante anónimo de esta comunidad indígena, en redes sociales.

Tras la desaparición del profesor rural, las comunidades han sufrido ataques recurrentes que han afectado principalmente a civiles, incluyendo niños, mujeres y personas mayores. Según reportes de la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), estos incidentes incluyen detonaciones directas contra viviendas, bloqueos de carreteras con troncos y minas, y enfrentamientos que han cobrado vidas, como la de dos miembros de la policía comunal, en agosto de 2024. La guardia comunal ha asumido un rol defensivo, evacuando a residentes y conteniendo avances de los agresores, pero a un alto costo: heridos, daños materiales y un aislamiento que suspende actividades laborales y sociales.

El testimonio reciente de una persona que trabajó en la comunidad de Coahuayula –cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad– destaca la persistencia de esta crisis y los esfuerzos por mantener viva la memoria del maestro desaparecido. Según la fuente, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición, en marzo de 2025, se realizó una actividad simbólica que incluyó la plantación de un «Árbol de la Memoria» con una placa conmemorativa dedicada a Pelayo Zalgado y a otros defensores del territorio. También, se crearon letras gigantes con el nombre «Pelayo» para visibilizar la causa. Además, se organizaron mítines culturales enfocados en las infancias y el público en general, con el objetivo de difundir la situación del maestro y el contexto de violencia en la Sierra Costa de Michoacán. «Hasta la fecha, que ya es año y medio, seguimos sin tener mesas de trabajo ni nueva información; la investigación sigue prácticamente igual, sin avances significativos. De lo contrario, la violencia en Coahuayula se ha recrudecido con ataques hasta de 48 horas», relató la persona anónima.

El ambiente de zozobra y miedo es la constante para los pobladores. No se sienten seguros en su espacio ni para salir a comprar víveres o medicinas.  Viven en una comunidad con caminos de terracería y difícil acceso, sin acceso al agua ni señal telefónica, lo que han agravado la situación y vulnera todavía más los traslados. «Los dronazos que avientan caen en los sembradíos; es toda una estrategia para irlos dejando con mucha hambre y con miedo», agregó. Los ataques pueden durar uno, dos, tres o cuatro días, impidiendo las actividades cotidianas del día a día. En Coahuayula, los pobladores habitan con casas cubiertas de lámina o teja, que significan poca protección en un clima caluroso. Aquí, la gente padece el sistema de salud. Hace apenas unos días, una niña fue picada por un alacrán, mientras ocurría un ataque. No hubo posibilidad de llevarla al doctor en medio de la balacera. En los caminos de terracería, las personas son amedrentadas, incluso amenazadas de muerte. No hay doctores, botiquines ni paliativos disponibles, y durante los ataques, el ejército, la Guardia Civil o la Guardia Nacional no intervienen: «No bajan hasta la comunidad; se quedan en algún tramo y esperan a que se acaben los ataques para llegar hasta cierto pedazo, decir que fueron y nada más. Parece más bien una simulación». Esta problemática es sistemática en toda la Sierra Costa, con casos variados en zonas como Ostula, Xayacalan y Aquila, pero respondiendo a un problema de macro criminalidad.

Un post en Instagram de la cuenta @coahuayulaycomunidadesvecinas, publicado el 19 de octubre de 2025, alertó sobre un ataque. La amenaza se extendió por más de 48 horas, con disparos y explosivos dirigidos contra la población. No hubo distingo entre hombres, mujeres o infantes. «Las comunidades permanecen bajo asedio, sin presencia de autoridades que contengan la violencia», se lee en el mensaje, que hace un llamado a la solidaridad y a compartir información para generar «ruido mediático». Al día siguiente, el 21 de octubre, la Red TDT emitió la Acción Urgente 008, documentando el patrón de violencia y exigiendo intervención inmediata del gobierno de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los antecedentes citados en el comunicado incluyen acciones previas de la Red TDT, como la documentación de asedios en enero de 2025 y ataques con drones en julio de 2024 en Santa María de Ostula, una comunidad vecina. Entre los riesgos destacados se encuentran: el desplazamiento forzado, ejecuciones, lesiones por explosivos, la falta de protección estatal y la muerte. Las exigencias incluyen el cese de ataques, despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque civil, desactivación de minas, medidas de protección colectivas y atención humanitaria integral.

A pesar de los llamados reiterados, las autoridades no han realizado operativos efectivos de desminado ni proporcionado corredores humanitarios, lo que evidencia una inacción prolongada que perpetúa el recrudecimiento de la violencia. En Coahuayula, el miedo persiste: minas en caminos comunales, como el que lleva a la toma de agua potable detectadas en agosto de 2025, mantienen a la población sin acceso a recursos básicos. Organizaciones civiles urgen a la sociedad a firmar alertas y grabar videos de solidaridad para presionar por una resolución. Esta ausencia de intervención efectiva se conjuga con el reciente anuncio del «Plan Michoacán», presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, que promete atender las causas de la violencia, fortalecer la seguridad, la inteligencia y el despliegue de más militares, junto con una inversión millonaria en la entidad. Sin embargo, los pobladores y activistas ven con cautela sus posibles resultados, considerándolo una «política del déjà vu», similar a iniciativas previas que no han resuelto los problemas estructurales, como el control territorial por parte de la delincuencia organizada en sectores como el del aguacate y el limón, y donde la inacción hasta ahora ha sido la norma.

Esta situación evidencia la vulnerabilidad de comunidades rurales en Michoacán ante el crimen organizado, donde la ausencia estatal agrava el impacto humanitario. Mientras tanto, la búsqueda del maestro Pelayo Zalgado continúa. Es símbolo la lucha por justicia en una región asediada.

Cuadro Cronológico de Hechos Relevantes

Fecha	Evento Principal
19 de marzo de 2024	Desaparición del Mtro. José Gabriel Pelayo Zalgado en Coalcomán, Michoacán, mientras compraba víveres y atendía asuntos familiares. Inicia ola de violencia en Coahuayula y comunidades vecinas con detonaciones de armas y explosivos.
29 de mayo de 2024	Ataque directo a casas en Coahuayula desde las 6:00 am; grupos armados rodean la comunidad, bloqueando accesos y disparando contra viviendas con niños, mujeres y adultos mayores.
3 de julio de 2024	Ataques en las afueras de Coahuayula y comunidades vecinas como Cofradía de Ostula, con armas de grueso calibre y explosivos.
24 de agosto de 2024	Enfrentamiento en las afueras de Coahuayula; dos miembros de la policía comunal son asesinados con explosivos y armas por grupos armados intentando ingresar.
11 de octubre de 2024	Enfrentamiento de dos días iniciado a las 5:00 am con disparos a domicilios; ataques directos a familias específicas con explosivos y armas.
15 de octubre de 2024	Intento de ingreso por carretera principal a las 9:00 am; detonaciones y colocación de explosivos terrestres en accesos.
19-20 de enero de 2025	Ataque severo a La Laguna de Calvillo con explosivos, bazucas y disparos; guardia comunal evacua residentes, afectando actividades en Coahuayula.
21 de enero de 2025	Ataques con explosivos aéreos y terrestres, bazucas y armas por miembros de la delincuencia organizada en Coahuayula y La Laguna; disparos a civiles en carretera y bloqueos.
18 de febrero de 2025	Ataques con explosivos y disparos en Coahuayula y La Laguna; bloqueos con troncos en caminos.
19 de marzo de 2025	Conmemoración del primer aniversario de la desaparición: plantación del «árbol de la memoria» con placa conmemorativa para Pelayo y defensores del territorio; creación de letras gigantes «Pelayo» y mítines culturales para difusión.
19 de abril de 2025	Lanzamiento de explosivos aéreos y disparos por miembros de la delincuencia organizada con intención de ingresar y someter a la población.
21 de abril de 2025	Descubrimiento de minas terrestres en tramo carretero Coahuayula–El Ranchual.
19-21 de julio de 2025	Sujetos de la delincuencia organizada rondan cerros cercanos; lanzan explosivos y disparos contra viviendas, intensificándose el 21 contra la policía comunal.
22-23 de julio de 2025	Irrupción en vivienda a las 2:00 am, toma de rehenes; ataques a motocicleta y policía comunal; fuego cruzado y explosivos con drones; contención por policía comunal el 23 al mediodía.
2 de agosto de 2025	Reanudación de ataques con explosivos, disparos, bloqueos y minas antipersonales en caminos.
25 de agosto de 2025	Detección de minas en camino a toma de agua; sin operativo de desminado pese a reportes.
20-22 de octubre de 2025	Ataques desde las 18:00 del 20 con explosivos de drones, bazucas y disparos contra Coahuayula, El Ranchual y La Laguna; duración de más de 48 horas, daños a casas y asedio. Post en Instagram alerta sobre la crisis.
21 de octubre de 2025	Emisión de Acción Urgente 008 por Red TDT, documentando patrón de violencia y exigiendo intervención.
9 de noviembre de 2025	Anuncio del «Plan Michoacán» por la presidenta Claudia Sheinbaum, con promesas de refuerzo de seguridad, despliegue militar e inversión para contener la violencia en el estado.