A un año, muchas preguntas
Foto: Marco Ugarte / AP
Por David Muñoz Domínguez / Consejero de Cohabitantes MX
¿Transformación o neopresidencialismo?
Ya se cumplió un año desde que el gobierno federal entró en funciones y tomó posesión de la presidencia de la República; durante ese lapso se han hecho muchas cosas y se han omitido muchas otras. Desde entonces, el ejecutivo federal ha lanzado toda clase de consignas y hasta posturas personales respecto al rumbo del país, también ha respondido la mayoría de críticas -él las ve como ataques- hacia la administración que encabeza, calificando y señalando de opositores desde el podio presidencial a quienes lo hacen incluso de manera profesional.
Considero absurda la batalla de quienes insisten en querer deslegitimar el contundente triunfo con el que este gobierno ganó en la pasada elección. Creo que es muy obtuso pretender que en un año los graves problemas de México se van a solucionar y por supuesto que con frases reiterativas y trilladas desde las conferencias matutinas la realidad no mejorará ipso facto.
Llegó el plazo en que no podemos seguir eximiendo al ejecutivo federal de responsabilidad por la enorme expectativa que él mismo generó durante la campaña electoral; a veces se nos olvida que una de las cosas que se promocionó -al punto del hartazgo- fue el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 y que este sería la brújula que guiaría el actuar de esta administración federal, el cual ha quedado en la historia electoral por una simple y sencilla razón, nunca fue un proyecto en realidad, carecía de objetivos concretos y sobre toda de metas razonables al corto, mediano y largo plazo.
En el ámbito legislativo, el Congreso de la Unión también ha quedado muy lejos de las expectativas generadas, pues a pesar de contar con un bloque mayoritario, solo se han sacado cinco reformas[1] constitucionales: 1) Guardia nacional, 2) Extinción de dominio, 3) Prisión preventiva oficiosa, 4) Educativa (contrarreforma) y 5) Paridad de género. Estas se llevaron bajo un proceso legislativo ampliamente cuestionado y lleno de omisiones; inclusive se reavivaron prácticas parlamentarias del “viejo” régimen, como el sacar un dictamen 3 minutos antes de la votación en las comisiones para garantizar que el contenido propuesto quedara íntegro y se aprobara sin dilaciones.
Entonces viene la pregunta obligada, ¿por qué se insiste en hablar de una transformación, de un cambio político, incluso a comparar las últimas reformas como si se hubiera expedido una nueva Constitución, si en realidad los cambios han sido muy precarios y francamente carentes de diagnóstico, análisis, estudio y verdadero debate? El bloque mayoritario (morena), no ha logrado conducir al Congreso federal a un verdadero ejercicio parlamentario, ni ha conseguido que la oposición se sume a su proyecto transformador que siguen cacareando a los cuatro vientos mañana, tarde y noche como si esta realmente ya se hubiera consolidado.
Eso me lleva a mi punto central; en el discurso el gobierno federal y el bloque mayoritario en el Congreso, afirman que esos cambios representan una transformación y han bombardeado la narrativa pública con frases y contenidos que aseguran que ya ocurrió el esperado y anhelado cambio que el país pedía a gritos; pero eso no es del todo cierto si vemos la perspectiva general. En términos de políticas públicas, servicios y programas sociales, se han visto afectadas prácticamente la mayoría de las áreas de gobierno, ya sea por ajustes presupuestales, falta de presupuesto o por subejercicio. Y en términos legislativos se le ha dado una excesiva prioridad a la agenda del ejecutivo federal y se ha insistido en impulsar reformas que no son necesarias o urgentes por solicitud expresa de este.
En un sistema constitucional, se espera que los poderes tengan un equilibrio entre estos y que cuenten con mecanismos, procesos y contrapesos apegados a derecho para su quehacer público; en ese camino México ha avanzado en los últimos 30 años y gracias a eso hoy en día tenemos certeza y legitimidad en muchos ámbitos, sobre todo en el electoral. ¿Por qué entonces se insiste en desacreditar a nuestro organismo electoral, si este fue quien organizó y emitió los resultados de la pasada elección presidencial? ¿A qué responden esas iniciativas de reforma a la Constitución y a la ley electoral para concentrar el poder y simular Democracia Directa, incluso en contra de reformas constitucionales que tienen disposiciones transitorias aún vigentes? ¿La materia electoral en estas circunstancias, es prioridad?
Ya lo mencionaba Diego Valadés en su libro El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición[2] [Una de las formas de conjurar las acechanzas y las presiones sobre quienes ocupan el poder, es desconcentrando su ejercicio tanto como sea posible. En eso consisten las técnicas de racionalización del ejercicio del poder: evitar las tendencias a la concentración, que se traducen en autoritarismo y corrupción, sin caer en la entropía. Encontrar el nivel de equilibrio consiste en identificar el punto donde el ejercicio eficaz permite conciliar la estabilidad del poder con los mayores márgenes posibles para las libertades individuales y públicas].
Esa racionalización del ejercicio del poder no está sucediendo con el gobierno federal en turno y tampoco se promueve desde el poder legislativo, ya sea por el principio de división de poderes, por congruencia política o autocrítica hacia el supuesto proyecto transformador. Por el contrario, se está fomentando y garantizando la concentración del poder desde la Constitución y se insiste en una agenda política alineada totalmente a las necesidades presidenciales, para muestra están las reformas aprobadas, todas promovidas o expresamente solicitadas desde la presidencia; cabe destacar que esto es relativamente común en los sistemas políticos, aunque eso no significa que siempre sea para bien.
En nuestro caso está siendo contraproducente, pues se han dejado de lado muchas causas valiosísimas con años de estudio, trabajo y dedicación, solo porque provienen de la sociedad civil o son agrupaciones que no son afines al gobierno, como prueba de esto, está el memorándum donde se ordenó detener totalmente los recursos a las organizaciones de la sociedad civil, sin ningún tipo de diagnóstico o evaluación de por medio y en contra a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC[3].
Aún resta mucho de esta administración federal
y hay muchas acciones u omisiones por venir, esperemos que sean más las
primeras y menos las segundas. En días pasados, diversas organizaciones
publicaron análisis muy amplios respecto al primer año de gobierno, por eso no
redundaré en ello. Sin embargo, sí es urgente comenzar a cuestionar dónde están
esos grandes cambios y resultados prometidos, no con el ánimo de obstaculizar
al gobierno o de entrar en la catarsis colectiva, sino como un acto de mera
congruencia democrática, transparencia, rendición de cuentas,
corresponsabilidad pública y ejercicio de nuestro derecho a participar en la
vida política; porque más que transformación, este gobierno federal y el bloque
mayoritario en el Congreso, están construyendo un neoprecidencialismo y eso
bajo ninguna circunstancia es positivo.
[1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
[2] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4771/5.pdf
[3] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266_240418.pdf