COHABITANTES MX
Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro
Por David Muñoz Domínguez y Roberto Rivera González
Consejeros de COHABITANTES MX
Y la lucha por una verdadera Democracia Directa en México.
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2019.- Cuando vives o convives en un lugar con personas a tu alrededor, ya sea tu familia, amistades, tu comunidad vecinal, tu comunidad escolar, en tu trabajo; cuando te trasladas de un sitio a otro en transporte público, en bicicleta, en tu propio automóvil; cuando te vas de vacaciones y hasta cuando haces las compras cotidianas, tenemos interacciones sociales que coexisten y cohabitan durante un determinado tiempo, en un determinado espacio y bajo una determinada circunstancia; todo lo anterior, es cohabitar.
Con eso en mente, hace poco más de un año, decidimos conjuntar esfuerzos y constituirnos en una organización de la sociedad civil (OSC) que denominamos “COHABITANTES MX”. Nosotros creemos en la Democracia Directa como vía para la consolidación de una cultura política para México, tenemos la convicción de que los poderes públicos deben abrirse y no cerrarse, pues una sociedad más participativa siempre será un auténtico contrapeso de poder y un complemento social, nunca cómplice o comparsa del sistema.
Nuestra principal estrategia de incidencia es simple y queremos compartirla: buscamos directamente a quienes detentan el poder, principalmente en el poder legislativo, sin importar la jerarquía de su puesto les cuestionamos sobre los asuntos relacionados con su cargo, intercambiamos puntos de vista y desde luego, les entregamos propuestas concretas realizadas por nosotros.
Por ejemplo, en septiembre de 2018, entregamos a Andrés Manuel, como presidente electo, nuestro posicionamiento respecto a su “consulta pública nacional” del NAICM y le exhortamos a usar el mecanismo constitucional y legal ya existente; nunca tuvimos respuesta. De igual forma buscamos al bloque mayoritario en las cámaras del Congreso cuando se presentaron las iniciativas sobre revocación de mandato; abordamos a Mario Delgado (presidente de la JUCOPO en San Lázaro), afuera de su oficina para que nos explicara los motivos de dichas iniciativas; en una ocasión, esperamos a Tatiana Clouthier (vicecoordinadora de Morena) durante casi cinco horas afuera de su oficina sólo para entregarle nuestra propuesta directamente en su mano; también buscamos a Ricardo Monreal (presidente de la JUCOPO en el Senado) vía Twitter, y nos reunimos con su equipo técnico. A eso le llamamos incidencia ciudadana directa.
También tuvimos interlocución con las diputadas Martha Tagle de MC, Marcela Torres del PAN, Dulce María Sauri del PRI, con las senadoras Alejandra Reynoso y Xóchitl Gálvez del PAN, Patricia Mercado de MC, Claudia Ruiz Massieu del PRI; así como con personal técnico de los senadores Miguel Ángel Mancera del PRD, Dante Delgado de MC, Damián Zepeda del PAN y a la secretaría técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.
A pesar de esa incidencia, la reforma constitucional aprobada la semana pasada, que creó la revocación del mandato y que “reformó” la consulta popular, es, lamentablemente, una victoria pírrica que se gestó con las prácticas más añejas del sistema político mexicano y que fue víctima, una vez más, del “pingponeo” de intereses de la partidocracia, te explicamos:
Consulta Popular.
Si en 2012 este mecanismo quedó como un trofeo dentro de una bonita vitrina sellada al vacío, con esta reforma el Congreso terminó por condenarla a ser una verdadera reliquia de la participación ciudadana: no solo evitó que se bajara el umbral de firmas mínimas necesarias (2% de la lista nominal de electores) para que la ciudadanía pueda activarla, sino que además, sobre restringieron los temas. También cambió la fecha para las jornadas de consulta, ahora serán -de solicitarse- el primer domingo de agosto. Además, creó la consulta popular regional (entre uno o varios Estados), sin mayor especificidad sobre cómo operarlas.
Revocación del Mandato.
Luego de un año de proceso legislativo, el Congreso creó esta figura con diversas negociaciones, la más trascendente, gracias a nuestra propuesta, fue impedir que el presidente o el congreso pudieran iniciar el proceso; así, sólo podrá ser activada por la ciudadanía con al menos el 3% de la lista nominal de electores. También se estableció que no deberá ser por ningún motivo concurrente con los procesos electorales y mucho menos el mismo día de la jornada electoral; para efectuarse, se tendrá un plazo de tres meses a partir del cuarto año de mandato y por una sola ocasión. Y si se quisiera activar este mecanismo para el actual ejecutivo federal, únicamente se tendrán 45 días (del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2021), para presentar la solicitud con las respectivas firmas mínimas de respaldo, que además, deben estar distribuidas en al menos 17 Entidades Federativas y que en cada una de estas, se junte al menos, el 3 % de la lista nominal de electores de esos Estados.
Aunque con estas reformas el bloque mayoritario alardea de dar “Todo el poder al pueblo”, eso no es precisamente cierto. Partamos primero del requisito legal para formar un partido político nacional, que es del 0.26 % de la lista nominal de electores; eso equivale, de acuerdo al último corte del INE[1], a unas 234,000 firmas aproximadamente. Queremos resaltar que dicho requisito está establecido en la ley y no en la constitución, a diferencia de la consulta popular (2 %), la iniciativa ciudadana (0.13 %) y ahora también de la revocación del mandato (3 %), que el Congreso optó por insertar directamente en la Constitución Federal; situación que hace muy difícil la posibilidad de hacer cambios, pues las reformas constitucionales llevan un proceso tardado y que requiere de un amplio consenso parlamentario.
En COHABITANTES MX consideramos que esta reforma es una simulación más del sistema de partidos, porque imaginen; si para formar un partido político nacional se requieren aproximadamente 234,000 firmas (0.26 %), imaginen ahora lo que implicaría tener que juntar -como mínimo- 1.8 millones de firmas para pedir una consulta popular nacional o 2.7 millones de firmas para solicitar una revocación del mandato al ejecutivo federal, eso equivaldría a formar 7 y 11 partidos políticos nacionales respectivamente.
El Congreso condenó a estos mecanismos de la democracia directa a ser unas verdaderas reliquias de la participación ciudadana, porque ahí están y ahí estarán dentro de una vitrina blindada siendo admiradas pero nunca ejercidas. Prueba de esto, es que desde la creación de la consulta popular en 2012 a la fecha, no hemos tenido un solo ejercicio de consulta nacional. Pero eso sí, nuestra actual legislatura del Congreso se ufana de “dotarnos de poder” y de “regresar el poder al pueblo”…
Ahora bien, hay quienes nos han dicho que con las nuevas tecnologías y el impulso de las redes sociales, dichos umbrales pueden ser fácilmente alcanzables, pero nada más lejos de la realidad. Ponemos dos experiencias que fueron muy conocidas: la primera fue la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3”, la cual juntó un total de 634,143 firmas de respaldo en todo el país, con el apoyo de grandes organizaciones de la sociedad civil, con toda una campaña nacional en medios de comunicación, con inserciones pautadas en las redes sociales y con el respaldo de organismos empresariales como el CCE y la COPARMEX. La segunda experiencia fue la aspiración a la candidatura independiente de MariChuy para ser candidata presidencial, quien juntó un total de 281,624 firmas de respaldo en todo el país con el apoyo del Consejo Indígena de Gobierno y el Consejo Nacional Indígena.
Al no considerar esas experiencias que son prueba fehaciente de que la cultura política y democrática sigue en una etapa de poca maduración, el sistema de partidos representado -no tan bien- en el Congreso de la Unión, demostró que se sigue legislando desde su cerrada óptica partidista y que no están pensando en realmente abrir la participación ciudadana, sino en controlarla y cooptarla. Aludiendo a la popular frase, lo que hicieron con esta reforma constitucional, en resumen, fue “cambiar todo, para que nada cambie”.
Difícilmente habrá otra reforma constitucional antes del 2021, ya que esta legislatura federal está empecinada en llevar una agenda legislativa alineada a los intereses del poder ejecutivo y ha dejado prácticamente de lado las causas de la sociedad civil, movimientos y agrupaciones sociales. La revocación fue la estrella en esta reforma, tanto así, que en los artículos transitorios, se estableció un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor, para que el Congreso expida la ley secundaria de esta figura, pero olvidaron plasmar la obligación de armonizar la existente Ley Federal de Consulta Popular, la cual -en teoría- debe contemplar los procedimientos para las consultas populares regionales. Aunque recordemos que en nuestro sistema político no existe un procedimiento claro o una sanción si el propio Congreso incumple sus plazos y entra en omisión legislativa; no estaría mal impulsar algo para estos casos.
Finalmente resta esperar a que al menos 17 Congresos Estatales ratifiquen la reforma constitucional, para que luego pase al ejecutivo federal, la promulgue, la publiquen y entre en vigor. Y eso puede llevar varios meses, por lo que se avista muy lejana la posibilidad de impulsar una consulta popular nacional para agosto de 2020, sobre todo con la indefinición presupuestal que se plasmó en el decreto para que el INE, cual malabarista, organice, convoque, verifique y emita los resultados.
Mientras eso sucede, en COHABITANTES MX seguiremos impulsando mecanismos y herramientas para que en México haya una verdadera Democracia Directa y promoviendo acciones para incrementar nuestra cultura política que tanta falta nos hace.
@DavidMDominguez y @RobertoPsyche
de @CohabitantesMX